Piloto de Narcosobrinos se entregó a la justicia norteamericana

Maibort Petit/Venezuela Al Día

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Uno de los miembros de la tripulación que llevó a los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela a Haití el 10 de noviembre de 2015, cuando Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas fueron arrestados tras haber sido acusados de conspirar para traficar droga a los Estados Unidos, se entregó a la justicia norteamericana en calidad de testigo protegido.

Una fuente ligada a la fiscalía neoyorquina que solicitó mantenerse en el anonimato, confirmó que uno de los tripulantes que fue citado el 20 de octubre de 2016 para testificar ante el Gran Jurado de Nueva York, y quien posee varias propiedades en los Estados Unidos, acordó entregarse a las autoridades para suministrar información sobre las actividades de las organizaciones criminales que se encuentran activas en Venezuela.

Aunque no se reveló el nombre del ahora testigo del gobierno federal, vale recordar que además de Franqui Francisco Flores De Freitas y Efraín Antonio Campo Flores, en el jet privado Cessna Citation 500 registrado como YV2030 se encontraban aquel 10 de noviembre de 2015 los pilotos Pablo Rafael Urbano Pérez y Pedro Miguel Rodríguez González, el empresario Marco Tulio Uzcátegui Contreras y el guardaespalda de los sobrinos Jesfran Moreno Sojo.

Las citaciones surtieron efecto

En octubre de 2016, durante una audiencia previa al juicio de Campo Flores y Flores de Freitas la defensa denunció que la fiscalía había enviado citaciones vía correo electrónico a personas de interés en el caso para que declararán frente al Gran Jurado. Se supo ese día que los individuos tienen propiedades en los EEUU, con lo cual se crea un vínculo de obligatoriedad con el gobierno americano.

Las citaciones fueron enviadas por los fiscales federales el 6 de octubre de 2016 a ciudadanos venezolanos residenciados en Caracas vía correo electrónico a las direcciones que aparecían en la cuenta de email de los dos acusados.

La defensa pidió a la corte que fueran anuladas dichas citación porque habían sido enviadas por medios ilegales. El juez Paul Crotty nos las anuló sino que el 13 de octubre de 2016, ordenó a los fiscales Emil J. Bove III y Brendan F. Quigley enviar las solicitudes de comparecencia a través de un alguacil, tal cual lo establece la ley. Las citas estaban prevista para el viernes 21 de octubre a las 12 del medio día en un edificio federal ubicado en Manhattan.
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Ese día se supo que dos de las tres personas citadas habían estado con Campos Flores y Flores de Freitas en el vuelo charter que llevó a los dos acusados desde Caracas hasta Puerto Príncipe y que eran miembros de la tripulación. El resultados de esas citaciones, cuyos testimonios podrían hacerse de forma remota -inclusive- nunca se conoció oficialmente.
La defensa insistió

Cuando los abogados de los primos Flores supieron que la fiscalía había establecido contacto con personas allegadas a los dos acusados, enviaron una carta al juez para pedirle que declarara nulos los emplazamientos “que de manera impropia había enviado el gobierno a los contactos de sus clientes, haciendo un uso ilegal del poder de citación del Gran Jurado”.

Los abogados de los dos sobrinos presidenciales exigieron a la corte que se pronunciara sobre lo que consideraban “un exabrupto por parte de la fiscalía” señalando que los argumentos usados por el gobierno -para enviar dichas citaciones- carecían de soporte legal y eran, por tanto, una violación expresa a la norma.

Uno de los aspectos que fue más criticado por los defensores de los Flores fue la vía usada por el gobierno para enviar las citas. Dijeron en la carta que “si bien el gobierno dice que la transmisión de invitaciones para testificar por correo electrónico es una práctica común, el asunto no es legalmente aceptable y por lo tanto es erróneo”. Los 6 abogados defensores citaron la Regla 17 para recordarle al fiscal que “dichas citaciones debían haber sido enviadas personalmente, de la mano de un alguacil del gobierno americano”.

El juez Crotty dio la razón a la defensa en relación al método usado para enviar las convocatorias pero no calificó dichas citaciones de nulas o ilegales. Autorizó a la fiscalía para que las hiciera llegar por medio de un funcionario de la embajada americana en Caracas.

Pero además de la vía usada por el gobierno para el envío de las citaciones, los abogados defensores acusaron a los fiscales de haber enviado mensajes de correo electrónico engañosos a las personas que no se encontraban en los Estados Unidos.

Durante aquella audiencia, los abogados argumentaron que el Gobierno no tenía autoridad para acosar a los contactos de los acusados con citaciones emitidas por el Gran Jurado del Distrito de Nueva York y afirmaron -además- que no se les debía permitir engañar a los ciudadanos de una nación extranjera sobre el supuesto que tenían que viajar a los Estados Unidos bajo la falsa autoridad.

Igualmente dijeron que no se podía permitir que el Gobierno estuviese enviando un correo electrónico al azar a varios ciudadanos de un país soberano, en violación de las reglas federales, e incluso, de las propias reglas de procedimiento del Departamento de Justicia.

Recordaron que los extranjeros que residen fuera de Norteamérica no están sujetos al poder de citación de los Estados Unidos, y que su asistencia sólo puede obtenerse de forma voluntaria. La obtención de los testimonios de los extranjeros es a menudo un asunto delicado, y se debe tener cuidado para evitar ofender a la soberanía del país extranjero, en este caso Venezuela.

Los abogados defensores recordaron que la obtención de pruebas fuera de los Estados Unidos implicaba consideraciones desconocidas para muchos de los fiscales estadounidenses y que la mayoría de los problemas asociados con la recolección de evidencias internacionales giraban en torno al concepto de soberanía.

-La otra nación puede considerar el esfuerzo de un investigador o un fiscal estadounidense para investigar un crimen o reunir pruebas dentro de sus fronteras como una violación de la soberanía. Incluso tales actos, aparentemente inocuos como una llamada telefónica, una carta, o una visita no autorizada a un testigo en el extranjero pueden caer dentro de esta estenosis. Una violación de la soberanía puede generar protestas diplomáticas y dar lugar a la denegación de acceso a las pruebas o incluso la detención del agente o asistente del Fiscal de los Estados Unidos que actúa en el extranjero, sostuvieron los abogados.

Los acusados dijeron que no estaban tratando de sofocar las citaciones sino que buscaban la intervención de la Corte en relación con el uso ilegal y abusivo del poder del Gran Jurado.

Sostuvieron que los acusados tenían un legítimo interés en la prevención del acoso de sus contactos ubicados en Venezuela. De acuerdo a los sobrinos de Cilia Flores, la conducta del gobierno norteamericano en ese caso fue inaceptable y sus argumentos no hicieron otra cosa que justificar la acción engañosa, razón por la cual pidieron a la corte actuar para que el Gobierno desistiera del uso incorrecto de los emplazamientos.

El gobierno logró su objetivo

El Gobierno norteamericano, por su parte, sostuvo que las tres citaciones para testificar frente al Gran Jurado que fueron enviadas a terceros “no tenían motivaciones políticas, tal cual como los demandados afirmaron falsamente”.

La fiscalía dijo que los dos acusados no tenían legitimidad para impugnar las citaciones que hacía el gobierno. En una carta fechada el 12 de octubre, el fiscal Preet Bharara dijo que la transmisión de citaciones vía e-mail era una práctica común en su despacho y aseguró que las citaciones que se hicieron a los testigos que acudieron a la audiencia de prueba celebrada el 8 y 9 de septiembre de 2016 convocada para suprimir las evidencias, fueron hechas vía email.

La fiscalía afirmó que tampoco era ilegal el uso de los contactos de los acusados para enviar las citas, aunque advirtió que los terceros tenían la libertad de objetar el método usado por el Gobierno para convocarlos. Asimismo, sostuvo que se le nombrará un abogado a las personas citadas, a la vez que reveló que los testigos tenían la posibilidad de hacer la testificación de forma remota si fuere apropiado.

El fiscal dijo que el Gobierno no iba a discutir los procedimientos usados en la convocatoria de terceras partes con los abogados de los acusados, sino -en todo caso- con los representantes legales de las personas citadas para testificar.

El entonces fiscal neoyorquino, Preet Bharara dejó claro que las primeras tres citaciones fueron emitidas para un propósito adecuado y advirtió que mientras el Gobierno estaba preparando todos los elementos para el juicio que se celebró en noviembre de 2016, continuaba haciendo investigaciones criminales relacionadas con el caso.

No debería ser una sorpresa para los acusados que esas investigaciones se están realizando, aclaró el fiscal en aquel momento.

El gobierno dijo estar dispuesto hacer una declaración complementaria que describa las pruebas, en la creencia que los terceros tienen vínculos con el caso.

Las personas identificadas por los acusados como “cómplices” durante sus confesiones siguen siendo objeto de interés para el gobierno, al igual otros individuos adicionales que fueron identificados y que se cree puedan poseer la información pertinente a las investigaciones penales en curso, expresó la fiscalía en aquella oportunidad.

aisami mamaguevo