ONG tachan de apartheid y discriminación subsidios a medicinas a través del carnet de la patria

By JULETT PINEDA SLEINAN

“Es un apartheid de la salud“, asegura Luis Francisco Cabezas, director de la Asociación Civil Convite, organización que lucha por los derechos sociales de la población. Así califica el activista la más reciente medida anunciada por Nicolás Maduro, quien dijo que se fijarán precios internacionales para los medicamentos y subsidios solo para los beneficiarios del carnet de la patria.

Cabezas insiste en que el artículo 83 de la Carta Magna es claro y habla del carácter universal del derecho a la salud. “La Constitución no establece que uno debe tener un carnet político para poder acceder a las medicinas. Hay personas que lo tienen, pero hay otras que no”, dice.

En cadena nacional, Maduro anunció la tarde de este miércoles, 20 de marzo, que las medicinas tendrán precios internacionales y se establecerá un sistema de subsidio a través del carnet de la patria, esto a manera de que la empresa privada y pública tengan “oportunidad de hacer sus importaciones”. No ofreció más detalles.

Maduro hizo los anuncios desde el almacén robotizado Jipana, en el estado Miranda. Allí también dijo que Rusia enviaría toneladas de medicinas y principios activos al país.

El director de A.C. Convite asegura que se trata de una medida discriminatoria y de relanzamiento de estrategias que han fracasado en el pasado, como la implementación de la línea 0-800SALUDYA.

“Muchos de los pacientes con los que tenemos contacto nos dicen que tienen el carnet para poder acceder al Clap o a algún otro beneficio. Otros dicen que se van a morir, pero que no se lo sacarán. Es una alcabala política y una vulneración a los derechos fundamentales”, añade.

Martha Palma Troconis, fundadora de Guerreros Azules —una red de apoyo para pacientes con diabetes tipo 1— asegura que los subsidios destinados únicamente a los beneficiarios del carnet de la patria apuntan a la segregación, aunque destaca que el uso proselitista siempre ha sido un modus operandi del Gobierno para ofrecer beneficios sociales.

“Nadie debería quitarte el derecho a la salud por no pertenecer a un partido político. Aquí la gente se ha muerto por infecciones”, señala Troconis.

Jaime Lorenzo, director ejecutivo de la organización Médicos Unidos, ve con preocupación que la administración de Maduro utilice la salud para “discriminación y chantaje”.

“¿Cómo va a haber un precio para un venezolano y un costo diferente para otro? Eso es un irrespeto para todos”, expresa.

Katherine Martínez, directora de la ONG Prepara Familia, también dice que estos subsidios apuntan a la discriminación y subraya que el Gobierno de Maduro no especificó cuál será el estatus de los niños y los pacientes que dependen de los medicamentos de alto costo.

“Yo me pregunto cómo quedan los pacientes con patologías crónicas ¿Qué pasará con los niños hospitalizados? No puede haber discriminación cuando estamos hablando de la salud de la gente. Es decir ¿hay dos tipos de venezolanos entonces?”, inquiere la activista por los derechos de la salud de los niños.