Régimen de Nicolás Maduro incumplió en 2019 con estándares en DDHH

Por Luna Perdomo y Luisa Quintero – TalCual

A pesar de que los derechos humanos están garantizados en la Constitución, la situación venezolana revela otra realidad. El mundo entero demuestra preocupación por la continua violación de los derechos fundamentales en Venezuela, de lo cual se acusa a Maduro como principal responsable

Los ojos del mundo tienen varios años sobre Venezuela por las constantes violaciones a los derechos humanos que se vienen cometiendo desde que Nicolás Maduro asumió la presidencia, y quien está considerado como el principal obstáculo para el respeto de los DDHH en la nación.

En enero, luego de que Juan Guaidó se juramentara como presidente de la Asamblea Nacional, el para entonces ministro de Relaciones Exteriores de España, Josep Borrell, dijo que en Venezuela había que estar muy vigilante a los derechos humanos. “Eso es una preocupación constante”, dijo.

Las protestas convocadas por Guaidó a principio de año en contra de Maduro culminaron en represión, cientos de detenidos y 29 muertos, por lo que un grupo de 234 organizaciones no gubernamentales solicitaron a través de un comunicado “no ignorar la voz del pueblo venezolano”.

Diputados a la Asamblea Nacional acusaron directamente a Rafael Bastardo, jefe de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), y al director de la Policía Nacional Bolivariana, Alfredo Pérez Ampueda, de ser los responsables de esos asesinatos.

A finales de enero, los parlamentarios acordaron generar una alerta a la Corte Penal Internacional, a la Alta Comisionada de Derechos Humanos y al grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la Organización de Naciones Unidas, para que investigaran a los funcionarios acusados de violar los DDHH durante las protestas de enero.

Luego de esta acción, los primeros países en denunciar a Maduro ante el Consejo de DDHH de la ONU fueron Costa Rica y Dinamarca, que pedían al mundo “reaccionar ante los graves abusos contra los derechos humanos cometidos por el régimen de Maduro”. Asimismo, el ministro de relaciones exteriores de Dinamarca, como miembro de este Consejo, aseguró que “presionaría para que se iniciara una investigación independiente sobre Venezuela”.

El 22 de febrero, un día antes del intento fallido de ingreso de ayuda humanitaria por las fronteras de Brasil y Colombia, en la comunidad indígena de Kumaracapai del municipio Gran Sabana (estado Bolívar), la Guardia Nacional y el Ejército perpetraron un ataque que dejó al menos 15 heridos y dos fallecidos. En la entrada de esta comunidad, los indígenas habían desplegado una pancarta donde se leía “Guaidó presidente”, además de afirmar: “Nunca hemos apoyado ni vamos a apoyar la dictadura”.

A juicio del internacionalista Andrei Serbin, los ataques contra indígenas de la comunidad pemón en Santa Elena de Uairén, mostró la faceta más represiva de Nicolás Maduro.

Y vino la ONU

Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, envió una misión de cinco personas a Venezuela del 11 al 22 de marzo, para reunirse con víctimas de violaciones de derechos humanos.

Para esa fecha, el fiscal designado por la constituyente, Tarek William Saab, dijo estar dispuesto a entregar los documentos sobre violaciones de DDHH cometidas en el país a esta comisión técnica de las Naciones Unidas.

Sin embargo, las violaciones a los derechos humanos continuaban cometiéndose en el país, por lo que en el mes de abril la directora ejecutiva de la ONG Justicia Venezuela, Lilia Camejo, denunció ante el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, el estado crítico en el que se encontraban al menos 193 oficiales de la Fuerza Armada Nacional detenidos.

Camejo aseguró que los detenidos sufrían diversas patologías médicas producto de las condiciones “infrahumanas” a las que son sometidos en las distintas cárceles militares de Venezuela: Ramo Verde, Santa Ana, La Pica, Dgcim Boleíta, Sebin – La Tumba.

Según cifras de la Comisión permanente de Seguridad y Defensa de la Asamblea Nacional, hay 128 militares detenidos actualmente en el país y 24 de ellos tienen un estado de salud precario, por lo que necesitan atención médica urgente que se les ha negado de forma reiterada.

Eliezer Sirit, presidente de la Comisión de Defensa de la AN, destacó que los militares detenidos pertenecen a los distintos componentes de la Fuerza Armada Nacional (FAN), siendo los principales apresados funcionarios de la Guardia Nacional (50) y el Ejército (50), seguidos de la Armada (17), cuatro de la Aviación y uno de la Milicia.

Bachelet en Venezuela

Desde el 19 al 21 de junio, la Alta Comisionada para los DDHH de la ONU estuvo en Venezuela para constatar la situación de los derechos humanos. Durante su estadía en el país, Bachelet se reunió con Nicolás Maduro, ministros, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, representantes de la Fiscalía, la Defensoría, con Juan Guaidó, diputados y diversas ONG, entre otras organizaciones.

Torturas, encarcelamientos injustos, detenciones arbitrarias y desapariciones forzosas, fueron algunas de las denuncias que presentaron las víctimas y familiares de presos políticos a Bachelet. Para esta fecha se hablaba de que en el país había más de 700 presos políticos.

Luego de su estadía en Venezuela, Michelle Bachelet aseveró que su informe final “no trata de política, geopolítica, relaciones internacionales o cualquier otra cosa que no sea los derechos humanos a los que todo venezolano tiene derecho”.

“Espero sinceramente que las autoridades examinen con detenimiento toda la información contenida en este documento y apliquen sus recomendaciones. Todos deberíamos estar de acuerdo en que todos los venezolanos merecen una vida mejor, sin miedo y con acceso a los alimentos, el agua, la atención médica y la vivienda adecuados, así como a otras necesidades básicas”, afirmó Bachelet en el documento, cuyo resumen ejecutivo se conoció el 4 de julio.

La Alta Comisionada acusó al Estado de cometer violaciones en varios aspectos, entre ellos: derechos económicos y sociales, a la alimentación, a la salud, a la libertad de expresión y de opinión, constató represión selectiva y persecución por motivos políticos, al derecho a la justicia, el uso excesivo de la fuerza y muertes en el contexto de las manifestaciones contra el Gobierno, uso excesivo de la fuerza y muertes causadas en el contexto de operaciones de seguridad, violaciones a los derechos de los indígenas, a los migrantes y refugiados.

Recomendaciones al Gobierno

Michelle Bachelet culminó su visita de tres días a Venezuela con la garantía de que una presencia del cuerpo que representa, conformada por dos técnicos, que permanecerán en Venezuela para sentar las bases de una futura oficina en el país. Recomendó al Gobierno venezolano adoptar las medidas necesarias para garantizar la disponibilidad y la accesibilidad de alimentos, agua, medicamentos esenciales y servicios de atención de la salud, incluida la atención de la salud sexual y reproductiva.

También que adoptara de inmediato medidas para cesar la tortura y las ejecuciones extrajudiciales. Que llevara a cabo investigaciones prontas, efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes de las violaciones de los derechos humanos y que disolviera el grupo de la Policía Nacional Bolivariana FAES (Fuerzas de Acciones Especiales); no obstante, estas recomendaciones no se han cumplido.

La respuesta del defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, al informe de Bachelet no pudo ser más desafortunada: “En todos los países del mundo se violan los derechos humanos, lo importante es que se tomen las medidas para corregirlas”.

Prueba de las actuaciones deficientes del Estado venezolano se pueden evidenciar en declaraciones de Tarek William Saab sobre delitos vinculados a violaciones a los derechos fundamentales, donde reveló que más de la mitad de los funcionarios de los cuerpos de seguridad acusados por violación de DDHH están libres.

A mediados de diciembre, la Alta Comisionada se refirió a este tema en particular luego de un breve informe de la Fiscalía venezolana que informó que, de agosto de 2017 a la fecha, 770 funcionarios han sido acusados por violaciones a los derechos humanos.

De esa cantidad, 509 han sido imputados, 393 privados de libertad y 131 condenados. Bachelet desdtacó que según información a la que tuvo acceso, “del total de condenados, al menos 55 oficiales lo han sido por el delito de homicidio en relación con 68 víctimas. Entre los oficiales condenados, 14 eran miembros de la Policía Nacional Bolivariana, sin especificar si formaban parte de las FAES”.

La funcionaria de la ONU agradeció la información aportada por el Ministerio Público (MP) y reiteró la importancia de conocer el número total de denuncias por violaciones a los derechos humanos presentadas ante el MP incluyendo las ejecuciones extrajudiciales, “para poder evaluar el impacto de la labor del Ministerio Público en esta materia”.

Torturado y asesinado

Rafael Acosta Arévalo, capitán de corbeta de la Armada, desapareció de manera forzosa el mismo día que en que Michelle Bachelet culminaba su visita a Venezuela el 21 de junio. El militar fue acusado por el gobierno de Maduro de “conspirar para llevar a cabo un supuesto golpe de Estado”.

Luego de una semana desaparecido, el 29 de junio, Acosta fue presentado ante tribunales militares y se pudo conocer que “estaba sumamente golpeado, en silla de ruedas, no podía hablar. No se valía por sí mismo”, según el relato de sus abogados.

“El juez tercero de control militar vio el estado en que estaba y ordenó que lo llevaran al “hospitalito” de Fuerte Tiuna, pero su esposa afirmó que “tanto lo torturaron que lo mataron”.

De acuerdo con la ONG Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, cuando el capitán fue presentado en tribunales su condición era tal que solo pudo pedirle auxilio a su abogado defensor.

Las autoridades dijeron que se harían las investigaciones para dar conocer la verdad del caso de Acosta Arévalo, mientras que la misma Bachelet lamentó que dentro de las averiguaciones no se incluyera una presunción de que el capitán de corbeta fue torturado.

Por este caso, dos funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) están presos por ser corresponsables en la muerte del militar de la Armada. A estas personas se les condenó por homicidio preterintencional con causal, un tipo penal que exime de responsabilidades por torturas, pues se afirma que fue una condición previa médica del capitán Acosta Arévalo la que causó su muerte.

La conclusión final que hacen los expertos en derechos humanos es que el gobierno de Nicolás Maduro no cumple con los estándares de promoción de los DDHH a los que están obligados todos los miembros de la Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.

Desaparición forzada

Entre la cantidad de violaciones conrtra los derechos humanos cometidas por el régimen de Nicolás Maduro, o con su consentimiento, se encuentra la desaparición forzada del buzo profesional Hugo Enrique Marino Salas.

El 20 de abril de este año, Marino Salas regresó al país desde Estados Unidos por cuestiones de trabajo. Al llegar al aeropuerto internacional Simón Bolívar, mejor conocido como Maiquetía, fue detenido por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y desde entonces se desconoce su paradero.

Sus familiares acusan al Estado venezolano por no responder y cumplir las medidas cautelares impuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su caso, y que incluyen informar sobre el paradero de Marino Salas.

Desde hace ocho meses, sus familiares han solicitado información sobre el paradero del buzo profesional, que presuntamente fue presentado al Tribunal 31 de Control del Área Metropolitana de Caracas, a cargo del juez Freddy Pérez Alvarado.

A comienzos de julio, los familiares de Hugo Marino Salas introdujeron un habeas corpus en el tribunal con ayuda de la organización Foro Penal, pero no habían recibido respuestas.

Estos no son los únicos desaparecidos donde el Estado venezolano tiene responsabilidad o se ha visto involucrado. Desde hace 58 meses, los familiares de Alcedo Mora y los hermanos Jesús y Esneider Vergel, quienes residían en el estado Mérida, están buscando respuestas sobre ellos.

El 27 de febrero de 2015, Alcedo Mora envió un mensaje de texto a su familia en el cual decía que iba a ser detenido por agentes de la Dgcim, debido a sus investigaciones de presuntas irregularidades que se producían en una estación de llenado de gasolina que tiene Petróleos de Venezuela en Mérida.

En julio de 2017, el padre de los hermanos Vergel, Jesús Eliecer Vergel, denunció que había sido secuestrado por una combinación de agentes del Sebin y grupos paramilitares colombianos, quienes lo retuvieron por seis días y le informaron que tanto sus hijos como Mora estaban muertos y que cualquier persona que intentara averiguar lo ocurrido con ellos correría la misma suerte.

¿Cómo termina el año?
El régimen de Nicolás Maduro termina con más que serios cuestionamientos sobre su responsabilidad o consentimiento en la violación de los derechos humanos de la población venezolana. A pesar de haber obtenido un puesto dentro del Consejo de DDHH de Naciones Unidas, este organismo dictaminó que era necesaria una misión de determinación de hechos para investigar el caso venezolano.

A principios de diciembre, el diputado Miguel Pizarro informó que la ONU había nombrado a los integrantes de esta misión: Marta Valiñas (Portugal), Francisco Cox Vial (Chile) y Paul Seils (Irlanda).

Esta misión investigará las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes y explotación del Arco Minero con el fin de garantizar la rendición de cuentas y la justicia para las víctimas.

Está previsto que la misión de determinación de hechos se establezca por un período de un año y presente sus conclusiones al Consejo de Derechos Humanos durante un diálogo interactivo en su 45º período de sesiones en 2020.

Apenas fue designada, el canciller Jorge Arreaza rechazó estos nombramientos pues consideró que están “colaborando” con la oficina de Bachelet para acusar al país de violación de DDHH.

En octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció la instalación del Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela (Meseve) para fortalecer el monitoreo y el uso de sus mecanismos de protección, además de dar respuesta “a los nuevos desafíos que requiere la grave crisis de derechos humanos” en el país.

El Meseve, creado el 26 de septiembre, hará un monitoreo continuo de la situación en DDHH en el país, además del “seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones hechas por la CIDH al Estado venezolano”, explicó Esmeralda de Troitiño, presidenta de la CIDH.

Este mecanismo, según la CIDH, se ocupará de dar seguimiento cercano al contexto para evaluar las solicitudes de medidas cautelares y dar seguimiento a las que han otorgado; priorizar las peticiones recibidas, así como la elaboración de informes sobre admisibilidad, fondo, y el litigio de casos ante la Corte Interamericana.

También la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) informó el 5 de diciembre que incluyó en su examen preliminar sobre Venezuela las protestas que se registraron en el país a principios de 2019, donde habrían fallecido al menos 30 personas y un agente de policía.

Así lo indicó la oficina de la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, en su informe anual sobre los procedimientos preliminares que están abiertos contra ocho países, entre los que se incluyen Colombia y Venezuela, este último abierto en febrero de 2018 y que abarca los hechos desde enero de 2014.

El 18 de diciembre, la Alta Comisionada Michelle Bachelet hizo la última actualización sobre Venezuela por el año. En su informe ante el Consejo de Derechos Humanos, puso de relieve nuevamente el incremento de las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada de personas y la persecución a opositores, incluido los reiterados ataques contra los integrantes de la Asamblea Nacional.

Bachelet indicó que para el segundo semestre de 2020 se debe concretar la creación de un mecanismo nacional de seguimiento de recomendaciones de mecanismos internacionales de derechos humanos y la adopción de una metodología participativa e inclusiva para la formulación del Segundo Plan Nacional de Derechos Humanos, lo que coincide con la entrega de resultados de la misión de determinación de hechos sobre Venezuela.

A partir del primer trimestre de 2020, se tiene previsto que la Oficina de Bachelet ofrezca asistencia técnica en materia de prevención de la tortura, investigaciones de ejecuciones extrajudiciales y la situación relativa a los centros de detención preventiva.

También se tiene previsto que las autoridades venezolanas permitan la visita al país del Relator Especial sobre la repercusión negativa de las medidas coercitivas unilaterales y al Relator Especial sobre el derecho al desarrollo, aunque Bachelet instó a las autoridades a que extienda la solicitud a un tercer mandato, con base a los compromisos acordados.