Víctor Rodríguez Cedeño, 9 de agosto 2016
Mientras en el Mercosur el régimen de Maduro insiste en su vergonzoso “golpe subregional” y las rectoras del CNE eufóricas continúan obstaculizando el revocatorio, las denuncias por crímenes internacionales siguen llegando a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que deberá decidir en el corto plazo si hay o no razones fundadas para iniciar un procedimiento para establecer la responsabilidad penal internacional de los presuntos autores de crímenes de lesa humanidad cometidos en el país, especialmente después de febrero de 2014; en particular la tortura sistemática y generalizada y la persecución de un grupo de venezolanos por su condición política, por su ideología.
No se trata de “simples” violaciones de derechos humanos, que en todos los casos son graves y absolutamente condenables; sino de crímenes internacionales que deben ser investigados y sus autores enjuiciados y castigados, en procedimientos internos, cuando los tribunales nacionales están dispuestos a hacerlo y cuando hay una legislación que incluya los crímenes internacionales, para dar cumplimiento al principio de legalidad.
Pero cuando no es posible que los órganos de justicia actúen de manera independiente e imparcial, como es el caso de Venezuela hoy en día, se activa, en base al principio de la complementariedad, la jurisdicción de la Corte Penal Internacional que tiene la responsabilidad de actuar para erradicar la impunidad y evitar que estos horrendos crímenes se repitan en el mundo. read more