La justicia tarda, pero llega

Víctor Rodríguez Cedeño, 9 de agosto 2016

abusos

Mientras en el Mercosur el régimen de Maduro insiste en su vergonzoso “golpe subregional” y las rectoras del CNE eufóricas continúan obstaculizando el revocatorio, las denuncias por crímenes internacionales siguen llegando a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que deberá decidir en el corto plazo si hay o no razones fundadas para iniciar un procedimiento para establecer la responsabilidad penal internacional de los presuntos autores de crímenes de lesa humanidad cometidos en el país, especialmente después de febrero de 2014; en particular la tortura sistemática y generalizada y la persecución de un grupo de venezolanos por su condición política, por su ideología.

No se trata de “simples” violaciones de derechos humanos, que en todos los casos son graves y absolutamente condenables; sino de crímenes internacionales que deben ser investigados y sus autores enjuiciados y castigados, en procedimientos internos, cuando los tribunales nacionales están dispuestos a hacerlo y cuando hay una legislación que incluya los crímenes internacionales, para dar cumplimiento al principio de legalidad.

Pero cuando no es posible que los órganos de justicia actúen de manera independiente e imparcial, como es el caso de Venezuela hoy en día, se activa, en base al principio de la complementariedad, la jurisdicción de la Corte Penal Internacional que tiene la responsabilidad de actuar para erradicar la impunidad y evitar que estos horrendos crímenes se repitan en el mundo.

La Fiscalía de la Corte debe decidir ante todo sobre la admisibilidad de estas denuncias. Para ello debe considerar que se trata de hechos graves, tal como lo han constatado órganos internacionales, tanto de Naciones Unidas, como regionales americanos y numerosas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos. Igualmente, debe la Fiscalía para iniciar el examen preliminar que permitirá el inicio de un proceso ante una Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte, verificar que los actos criminales de que se trata son realizados como parte de una política de Estado y que además que tales crímenes se cometen en contra de una parte de la población, por su condición política, lo que es claramente el caso en Venezuela.

La patética impunidad reinante en el país estimula la realización de estos crímenes. Los casos de tortura son graves y los órganos nacionales no actúan. La Fiscalía y la Defensoría del Pueblo guardan silencio y cuando actúan muestran su falta absoluta de independencia y de imparcialidad. Los presos y los perseguidos políticos, encarcelados y torturados física y psicológicamente están desamparados, lo que debería activar la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.

La justicia es lenta pero segura y es bueno que los que se saben incursos en estos crímenes, bien sea por ser autores coautores, cómplices, encubridores, instigadores; los que ordenan y los que ejecutan, cualquiera que sea su rango dentro de las fuerzas militares y policiales, incluso dentro de las odiosas fuerzas paramilitares creadas, financiadas y sostenidas por el Estado, entiendan que mañana o después la justicia les llegara a través de la Corte Penal Internacional, de un tribunal extranjero con competencia para ejercer la jurisdicción penal universal o los tribunales nacionales cuando se incorporen los crímenes internacionales a la legislación interna, un proceso iniciado que avanza para concluir, de la mano de expertos, con la adopción de un Código de Derecho Internacional Penal que permitirá dar cumplimiento al principio de la legalidad.

Es bueno que se entienda también que tras la transición ya iniciada vendrán tiempos de reconciliación y de paz, pero sin impunidad, con justicia; pues las víctimas y sus familiares y la sociedad en general así lo exigen. Este periodo del horror no podrá olvidarse, por el contrario, debe establecerse la verdad y mantenerse la memoria para que cualquier proceso de paz pueda ser consistente y duradero.