Opinión jurídica del doctor Carlos Ramírez López sobre las impugnaciones
La proclamación ya emitida por las Juntas Electorales Regionales son actos administrativos por el cual el Estado reconoce la cualidad de parlamentario y por tanto dotados de inmunidad.
Las impugnaciones tendrían que atacar el acto administrativo de proclamación y no directamente el que le antecedió
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Artículo 200: “Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o la renuncia del mismo…”
La inmunidad parlamentaria que ya tienen los Diputados elegidos y proclamados el pasado 6 de Diciembre es un privilegio para protegerlos de cualquier interferencia que someta el ejercicio de sus funciones y con ello se garantiza también la independencia del Poder Legislativo.
La soberanía popular manifestada a través del voto es la que confiere tal privilegio del cual no pueden ser desprovistos sino a través del complejo procedimiento que la misma Constitución diseña.
El artículo 219 del texto constitucional establece que “El primer período de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional comenzará, sin convocatoria previa, el cinco de enero de cada año, o el día posterior más inmediato posible y durará hasta el quince de agosto…”
Sin convocatoria previa dice la Constitución porque ya está reconocida por el Estado la condición de Diputados mediante un Acto Administrativo formal y como tal están constitucionalmente llamados a sesionar sin que nada pueda impedírselo.
Las actuales impugnaciones a los resultados electorales donde fueron electos los diputados están fuera de tiempo, de lugar y de modo ya que ellos fueron proclamados por las autoridades correspondientes que son las Juntas Electorales Regionales del CNE, previa constatación de los resultados de la voluntad popular, de modo que ya hay un acto cumplido, ya están reconocidos y ejecutados los resultados, por lo que quien quiera impugnar determinadas diputaciones tendría que atacar el acto administrativo de la proclamación que es el siguiente al acto electoral, y solo a través de tal acción quizás se podría plantear la revisión del proceso. Los actos administrativos son investidos de fuerza ejecutiva y su impugnación no puede evadirla, estos actos se ejecutan aún legalmente objetado.
