Por Marta Colomina
Las más de 50 “leyes” y “reformas” aprobadas por Maduro para cerrar el ciclo de su Ley Habilitante no tienen el propósito de reactivar la ruinosa economía venezolana, ni de disminuir la escasez o reducir la creciente pobreza de los 2 últimos años (la canasta familiar subió en octubre a 26.576 bolívares, equivalentes a 6,3 salarios básicos). Tampoco aminorar la inflación o estimular la producción nacional, y mucho menos cumplir su promesa de luchar contra la corrupción o combatir la inseguridad. Lo que busca Maduro es centralizar aún más su poder, cada vez más autoritario y con menos apoyo popular, y sustentarlo en las “comunas”, figura que no está en la Constitución. Esas leyes “ahondan la inseguridad jurídica e instauran un estado de excepción permanente porque violan garantías constitucionales que ni siquiera en estado de guerra pueden suspenderse”, apuntan los expertos (El Nacional 21/11/2014).
Amparadas en la aprobada “ley de las comunas”, con varias de esas nuevas “normas” se pretende despojar a alcaldes y gobernadores de sus atribuciones y presupuesto y otorgárselos a las “comunas”, cuya estructura rompe con el principio democrático de la elección directa en primer grado para escoger a “los enchufados” que ejercerán las funciones ejecutivas de mando en el ámbito territorial de estados y municipios, como nos recuerda Antonio de la Cruz. Es decir, que bajo el falso manto del “poder popular”, el castrocomunismo de Maduro pretende sustituir a los alcaldes y gobernadores, elegidos democráticamente por el pueblo, por “comunas” cuyas órdenes y dirección provienen del poder central. read more
