Por ÁLEX VÁSQUEZ S – El Nacional
El organismo opina que la imputación a María Corina Machado demuestra el uso del poder para castigar a los críticos
La comunidad internacional rechazó la imputación del delito de conspiración a María Corina Machado por parte del Ministerio Público, lo que considera un nuevo capítulo de la estrategia de intimidación del gobierno contra la oposición venezolana.
El Departamento de Estado de Estados Unidos acusó al gobierno de Venezuela de intimidar y castigar a sus críticos. “Los cargos contra Machado elevan una vez más nuestra preocupación sobre el uso arbitrario en Venezuela del poder legal para silenciar y castigar a los críticos con el gobierno”, dijo en un comunicado la portavoz adjunta del departamento, Marie Harf.
Lamentó la intimidación de los opositores venezolanos a través del abuso legal y pidió al gobierno respetar los derechos de asamblea y asociación pacífica, característicos en cualquier democracia.
“Continuamos llamando al gobierno de Venezuela a que respete los derechos de asamblea y asociación pacífica, y libere a los presos políticos, incluidos decenas de estudiantes, el líder opositor Leopoldo López y Daniel Ceballos y Enzo Scarano”, señaló Harf.
Human Rights Watch también cuestionó la investigación y la acusación contra la dirigente y calificó el proceso de farsa, especialmente que se pretenda vincularla con un supuesto plan para terminar con la vida del presidente Nicolás Maduro.
El director ejecutivo para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, aseveró que la única evidencia contra Machado es que el presidente la llamara asesina y que el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, la acusara de borrar unos correos electrónicos que supuestamente detallaban la conspiración.
Vivanco opinó que en un país sin justicia independiente, la imputación contra Machado significa que, en la práctica, ya se ha establecido una presunción de culpabilidad.
Involucrarse en la defensa
La Unión de Partidos Latinoamericanos también condenó la imputación a la dirigente y pidió a la comunidad internacional involucrarse en la defensa de los derechos humanos en Venezuela.
La organización rechazó los “atropellos de que está siendo objeto Machado, los que constituyen un claro abuso de poder y una utilización arbitraria de la normativa legal venezolana para intimidar y menoscabar a la oposición política en ese país”.
En una declaración firmada por el presidente de la UPLA, Armando Calderón Sol, considera que las maniobras del gobierno pretenden encubrir la grave crisis económica que atraviesa el país y amedrentar a otros dirigentes de la oposición.
La organización reiteró su compromiso con el “respeto irrestricto al Estado de Derecho, al debido proceso, la Constitución y demás normas legales” de los países democráticos.
