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Este miércoles, un grupo de venezolanos y más de 250 miembros del Frente Militar Institucional emitieron un comunicado dirigido a Ramón Guillermo Aveledo y a los directivos de la MUD reclamando “las confusas y contradictorias actuaciones de los distintos sectores de la oposición frente a los acontecimientos que hoy vivimos”.

En el comunicado exige a la MUD redefinirse, incorporando a “factores sociales en los que se congregan las grandes mayorías” porque “sin su aporte, la MUD queda reducida al espacio exclusivo de algunas organizaciones partidistas”.

En soporte a su posición, los firmantes aseguran que “el régimen desarrolla una operación de exterminio destinada a liquidar a la protesta estudiantil”, y entre otros, acabar con el partido Voluntad Popular y el Foro Penal Venezolano. “El proceso dictatorial necesita liquidarlos para sepultar el pluralismo y consolidar la hegemonía”.

Además, expresan su preocupación “por el rumbo que han tomado los encuentros entre la Mesa de la Unidad y el gobierno”, que “solo han servido para cubrir al régimen de un manto institucional ante la comunidad internacional”.

Aquí el comunicado completo:

El régimen desarrolla una operación de exterminio destinada a liquidar a la protesta estudiantil popular. Gracias a estas movilizaciones cívicas extendidas en todo el país, Venezuela ha sido escuchada en el mundo y se han puesto en evidencia los atroces procedimientos del gobierno.

La respuesta al justo reclamo de los estudiantes ha sido la más brutal represión en la historia reciente de nuestro país. Centenares de jóvenes han sido apresados, vejados, sometidos a salvajes golpizas y a torturas, en procedimientos que ensucian de indignidad a quienes los ordenan y a quienes los ejecutan. Estos hechos están destinados a cumplir un plan trazado por los asesores cubanos y son calcados de los estalinistas procedimientos del comunismo castrista. Durante estos meses de violencia el país ha sufrido una guerra desigual en la que delincuentes y fuerzas de seguridad, protegidos por la fiscalía y por un sistema de jueces provisionales, han hecho causa común en la comisión de masivas violaciones de los derechos humanos. Este proceso se ha dirigido con máxima intensidad a sofocar al movimiento juvenil y a destruir los campamentos de pacífica resistencia que constituyen símbolos y testimonios de su lucha.
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En total se contabilizan 90 detenidos en Los Palos Grandes. La GNB arremetió contra periodistas y fotógrafos.

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Las trágicas imágenes del asesinato de Bassil recorrieron toda Venezuela y el mundo. Una vez más, la crisis política nacional se convertía en una masacre en las calles. Su muerte a manos de un funcionario del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) fue la chispa que encendió la mecha de las manifestaciones estudiantiles durante este año. A tres meses de la desaparición de Bassil, sus familiares, amigos y estudiantes continúan recordándole como un símbolo de la lucha por la democracia y la libertad. El corresponsal en Madrid de Informe21, José A. Puglisi, ha conversado con su madre, Janeth Frías, para conocer cómo la familia afronta la pérdida del joven estudiante.

Con información de Informe21

Janeth Frías no quería que su hijo acudiera a la manifestación del 12 de febrero. Con ese sexto sentido, que sólo las madres poseen, le intentó detener diciéndole: “no vayas a la marcha, porque eso muchas veces acaba en desastre o desgracia”. Sin embargo, el destino de Bassil Dacosta parecía estar escrito cuando decidió acompañar a sus primos a protestar contra las políticas implementadas por el régimen de Nicolás Maduro. Unas horas después, se convertía en la primera víctima mortal de la manifestación en el Hospital Vargas.

A exactamente tres meses de los funestos acontecimientos, la madre del joven estudiante lo recuerda diariamente, acompañándola en la cotidianidad. “Es lo más duro que ha pasado en mi vida”, asegura Janeth, quien, sin embargo, no duda en decirle al asesino de su hijo que “no alojo rencor en mi corazón hacia su persona, a pesar que le quitó la vida a Bassil”. read more

El director del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, aseguró este lunes que hasta el día de hoy se han registrado 2.915 detenciones desde que comenzaron las manifestciones el 12 de febrero.

Así lo manifestó en el programa La Tarde en NTN24.

“Al día de hoy estamos hablando de 2.915 detenciones, que han ocurrido como consecuencia de la manifestaciones, de las cuales hemos encontrado ya 165 personas privadas de libertad, es decir, que un juez finalmente les ordenó la privativa de libertad”.

Romero agregó que dentro de los detenidos se encuentran 6 menores de edad “quiere decir que estamos llegando a una cifra bastante exagerada históricamente excepcional” en los que respecta al número de detenciones. Asimismo enfatizó que el 80% de los aprehendidos son estudiantes.

Acotó que entre los estudiantes se repite un patrón de acusación, los cuales básicamente son: instigación pública, obstrucción de vía pública y agavillamiento. También dijo que en las cárceles del país no hay espacio para tantos presos.

El ex embajador de Venezuela en la ONU y ex candidato presidencial, Diego Arria, criticó hace minutos a los venezolanos por dejarle a los jóvenes la responsabilidad de enfrentar a “un régimen totalitario, dictatorial, militarizado y entregado a los cubanos”.

Esto lo expresó durante una entrevista al programa La Tarde en NTN24.

“En estos tres meses ha habido más de 3 mil muchachos presos, pero es todo el país el que está preso porque en el fondo una parte de la sociedad ha dejado en los hombros la responsabilidad de enfrentar un régimen totalitario, dictatorial militarizado entregado a los cubanos como es este a los más jóvenes de los venezolanos lo cual es injusto”.

Y siguió: “Yo entiendo perfectamente que los jóvenes están luchando por su futuro; ellos saben que su futuro se decide ahora y no en 20 años por eso tienen esa pasión, inspiración y deseo de rescatar la libertad”.

Arria agregó que en estos últimos tres meses gracias a los estudiantes, el país se animó a a defender a Venezuela. Además acotó que por primera vez la comunidad internacional coloco “bajo el radar el clamor venezolano”.

Marta Colomina

Quienes han secuestrado los poderes públicos en Venezuela se han malacostumbrado a los monólogos panfletarios que sueltan a los enmudecidos “reporteros” de los canales del Estado. Así que cuando se encuentran con un periodista de verdad y en un medio de comunicación libre, queda al descubierto la grotesca invención de delitos inexistentes contra la disidencia y sus torpes alegatos a favor del régimen opresor de Maduro. Le ocurrió a la fiscala (con minúscula) en CNN con el bien informado Cala, en su fallido intento de “justificar” el encarcelamiento de Leopoldo López con acusaciones “fabricadas” por la propia fiscalía, como acusa el abogado defensor, que no convencieron al bien “dateado” periodista, a quien la arrogante funcionaria insultó llamándolo “desinformado”.

Estos funcionarios fanatizados pergeñan sentencias tomadas de los juristas del horror nazi. Obsesionada por “demostrar” la culpabilidad del a todas luces inocente Leopoldo López, la fiscala hace un remake del bodrio jurídico del tsj, al declarar que “no todos los derechos de una persona son absolutos”. Lo que debió decir, porque es lo que viene ejecutando Maduro, es que “unas personas (las del Gobierno) tienen derechos absolutos y otras (los disidentes) no tienen ninguno. Los “colectivos” y cuerpos de seguridad tienen derecho absoluto para matar. Los 4.658 reclusos que La Fosforito lanzó a la calle con el Plan Cayapa en 2013 (en 2012 liberaron a 9.600 reos y siguen haciéndolo en 2014,) tienen más derechos que Leopoldo, Simonovis y los demás presos políticos, que nunca han delinquido. Estos malandros van por las calles, muchos con armas de guerra, en bandas de 15 y hasta 30 y han sido los ejecutores de muertes como las de Mónica Spears y esposo, de Eliécer Otaiza, para robarlos, y miles de víctimas más. Nueve horas tardó el Cicpc en retirar el cadáver de Otaiza después de haber sido notificado de un cuerpo sin vida en el barranco. Antes de ser identificado, Otaiza era “un pata en el suelo”, y como tal fue tratado. Venezuela tiene el deshonroso primer lugar como el país más violento de Suramérica y el segundo del mundo (ONU). read more

DolarToday

Además de la posibilidad de morir o de salir lesionados a mano de las bandas paramilitares del chavismo, o de ser torturados por la Guardia Nacional, los estudiantes que protestan en las calles contra el régimen de Nicolás Maduro enfrentan un riesgo adicional que erizaría la piel de cualquier venezolano: la posibilidad de ser enviado a una de las temidas cárceles comunes del país petrolero.

Eso es precisamente lo que ha ocurrido con más de la mitad de los 180 manifestantes que permanecen bajo arresto por protestar, quienes han sido enviados a los distintos centros penitenciarios del país.

Las cárceles venezolanas están entre las más peligrosas de América Latina y han sido descritas por Organizaciones No Gubernamentales (ONG) como “sucursales del infierno en la tierra”. Muchos de estos centros penitenciarios son controlados por bandas delincuenciales, cuyos líderes –conocidos localmente como Pranes– actúan como la máxima autoridad y frecuentemente deciden quiénes viven y quienes mueren.

“Muchos de los jóvenes están siendo trasladados a los centros penitenciarios comunes, como una manera de castigarles más”, comentó Patricia Andrade, directora de Venezuela Awareness, una ONG que aboga a favor de las víctimas de derechos humanos y los inmigrantes venezolanos.
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A través de información suministrada por la madre de Angelly Pernía, el diputado Walter Márquez  ratificó que la joven “identificó a uno de los policías que presuntamente la agredieron, de apellido Cordero, quien estaba custodiándola en el Hospital Central, razón por la cual la señora solicitó  formalmente a las autoridades el cambio de este funcionario de inmediato”, petición que hasta horas de la tarde de este lunes se desconocía si fue concedida o no.

El parlamentario informó que: “La madre de Angelly hizo la solicitud del cambio del custodio, al observar la reacción de su hija,  nerviosa y alterada,  lo cual evidentemente es una provocación para la familia y una clara muestra de violencia psicológica contra la muchacha que permanece bajo cuidados especiales en el HC”. read more

Venezuela se encuentra en un estado de “indefensión” en derechos humanos (DDHH), según Rafael Narváez, especialista en DDHH. La disfuncionalidad de las instituciones encargadas de velar por los derechos humanos, es a juicio del experto, la principal causa de la “crisis nacional de DDHH”. Las denuncias de violaciones a los derechos humanos mantienen ocupados a los especialistas. Han transcurrido 90 días en los que a diario surgen nuevos casos, irregularidades y víctimas. Hoy, a tres meses del inicio de las jornadas de protesta contra el gobierno de Nicolás Maduro, Rafael Narváez, defensor de los DDHH, asegura que el país vive la “peor crisis” en esta materia.

“Hemos visto cómo se han ido agravando paulatinamente los excesos policiales, el uso de gases tóxicos y sustancias tóxicas vencidas, el uso de armas de fuego y ahora estamos observando que son los militares los que tienen los poderes y son quienes deciden cuándo allanan, a quién persiguen, a quién detienen. En Venezuela se vive un estado de excepción de gota en gota y que sin duda alguna va a empeorar”.

El experto cuestiona las actuaciones de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio Público. Explica que con el agravante de la salida de la nación de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, Venezuela se encuentra en un estado de “indefensión”. Advierte que este escenario es idóneo para la violación sistemática de DDHH, reseñó el portal quepasaenvenezuela.com. read more