Carta desde Washington
Blog de Álvaro Vargas Llosa, escritor y periodista
Algo cambió -un poco, pero cuánto es ese poco- en el hemisferio sur en relación con Venezuela el 23 de junio. Ese día, a regañadientes, forzados por un secretario general que había invocado la Carta Democrática Interamericana en un informe presentado al Consejo Permanente el 30 de mayo, los países miembros de la Organización de Estados Americanos se reunieron para discutir el caso de Venezuela. Doce países aliados de Caracas trataron de impedirlo (y dos se abstuvieron), pero una amplia mayoría -un total de 20 países- aprobó el pedido de que se ventilara el informe de Luis Almagro.
En la larga lucha por incrustar el caso venezolano en la conciencia mundial, esto, a pesar de que no se llegó a conclusiones rotundas, representa un hito. El que la reunión no haya derivado en una suspensión de Venezuela, como según políticos y periodistas mal informados se pretendía, no tiene nada que ver con un fracaso de Almagro o quienes lo apoyan. Tiene que ver con el hecho de que ese no era, ni podía en caso alguno ser, el propósito de la reunión. El que no hubiese conclusiones concretas obedece a que la propia América Latina atraviesa por una transición lenta hacia algo mejor, pero todavía no se lo cree demasiado.
La Carta Interamericana prevé una serie de mecanismos para enfrentar una alteración del orden constitucional en un país que es miembro de la OEA. Están comprendidos entre los artículos 17 y 22. El proceso previsto es gradual, muy cuidadoso de las formas y de la soberanía del país afectado. Si, como ha ocurrido en este caso, el secretario general pide una reunión del Consejo Permanente invocando la Carta, hay muchas posibilidades. La de mayores consecuencias es el uso de lo “buenos oficios” de la OEA para que el país donde se ha producido la alteración restablezca la democracia bajo el estado de derecho. Si la misión fracasa, el Consejo puede pedir una reunión de la Asamblea General, que a su vez debe decidir qué hacer, incluyendo la posibilidad de nuevas gestiones diplomáticas. Si también esto fracasa, entonces la Asamblea General, y sólo ella, puede proceder a suspender al país afectado.
read more