Por Gonzalo Himiob Santomé
No es esta una entrega que tenga que ver con algún ficticio culebrón que le dé título. Atañe, eso sí, a parte de la novela surrealista del país en el que estamos viviendo y que tanto nos afecta hasta en las más íntimas esferas. Ya adelanté en una entrega previa que la cruzada “contra la corrupción” de Maduro no sólo encubre objetivos que poco o nada tienen que ver con el adecentamiento de la función pública, sino además que serían muchas las sorpresas que en este esquema de “todo vale” (menos lo que digan las leyes y la Constitución) irían surgiendo.
Ya nos dijo Maduro que quiere una habilitante que le permita, de manera excepcional, legislar sobre la materia penal, lo cual está prohibido por nuestra Carta Magna, que le limita no sólo los casos en los que puede requerir una Ley Habilitante, sino además las materias sobre las que puede ésta versar; pero ahora nos regala otra ingrata sorpresa: Su reciente propuesta de incorporar a nuestra ya muy politizada, intolerante y paupérrima administración de justicia, la figura de los “jueces sin rostro”, supuestamente para acabar con la impunidad y para proteger a los jueces de las repercusiones que pudieran derivar del desempeño de sus funciones en la lucha contra la delincuencia.
Empecemos por aclarar qué es esto de una “justicia sin rostro”. Si tomamos en cuenta modelos similares que se han ensayado en otros países, como por ejemplo en Colombia, se trataría de jueces “excepcionales”, cuya identidad no conocerían las partes en los procesos, con miras a protegerlos de intimidaciones, atentados o de cualquier consecuencia negativa que pudiera acarrearles administrar justicia en ciertos casos (narcotráfico, delincuencia organizada, terrorismo, etc.) también, todos estos, de naturaleza excepcional y muy grave.
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