Por José De Bastos – USA Hispanic Press
Quien no haya seguido la elección presidencial en Venezuela, pensará que ésta dio un resultado contundente, apabullante y sin ningún tipo de duda a quien hoy gobierna. Las acciones y declaraciones de Nicolás Maduro parecieran las de un Presidente sin oposición, que juega en un terreno solitario. Pero claro que Maduro no está solo.
Su inicio de gobierno es la respuesta autoritaria a la grave situación en la que asume las riendas del país. Pensábamos que quien gobernara a partir de este abril de 2013 tendría que luchar ante serias dificultades económicas, pero las circunstancias y la torpeza le han generado al nuevo Ejecutivo un obstáculo aún más duro: la ilegitimidad política.
Maduro no leyó (no quiso leer) los resultados del 14 de abril. La estrepitosa caída de sus fuerzas en un mes, la pérdida de confianza de tantos seguidores del fallecido Presidente Chávez o el ascenso vertiginoso de un candidato que, poco antes de los comicios, parecía estar contra la pared. Así pues, ante una solicitud de reconteo y verificación de la elección por parte de Henrique Capriles, Maduro ha ensuciado hasta más no poder su triunfo democrático, para pasar a dirigir un régimen mixto, con claros indicios dictatoriales.
Para intentar ganar legitimidad, el electo Presidente evadió la vía transparente de ponerse al frente de una revisión del proceso electoral y decidió atacar a su rival y a todos quienes votaron por él. Torpedeó cualquier posibilidad de diálogo con la mitad del país y en cambio prefirió criminalizarla, utilizando todo su poder mediático y gubernamental.
Desde el primer día de protestas Maduro culpó a Capriles de dirigir acciones vandálicas sobre instituciones médicas y educativas, así como los asesinatos de hasta 8 dirigentes del chavismo. Más de una semana después, y a pesar de las interminables amenazas, han sido muy pocos los detenidos por estos actos y muy poco claras las explicaciones. Medios de comunicación regionales y nacionales privados, así como ciudadanos de a pie a través de las redes sociales, han mostrado pruebas de que estas acusaciones son falsas. Los supuestos centros de salud atacados han sido fotografiados en perfecto estado y los fallecidos, aunque reales, parecen haber perdido la vida en hechos de violencia no relacionados a la política.
Esto no ha evitado que el Estado en pleno siga acusando a Capriles, quien por su parte jamás llamó a la violencia y sólo pidió que se descargara la “arrechera” golpeando ollas en señal de protesta. Los medios públicos mantienen su campaña contra la “dirigencia fascista” mientras que la Fiscal General y la Defensora del Pueblo dan lamentables declaraciones en las que de tanto aclarar oscurecen la delicada situación.
Maduro insiste en aferrarse a estos hechos de violencia para hacer de alguna manera lógica su radicalización ante un supuesto escenario de caos en el país. Mantiene que todos estos hechos ocurrieron para censurar a su rival y ser el paladín de la justicia. Esta estrategia de propaganda, liderada por el Ministro de Comunicación, Ernesto Villegas, ha venido acompañada de otra más siniestra: el miedo.
Si bien el chavismo nos ha acostumbrado a casi década y media de amenazas y discursos cargados de insultos, el joven gobierno de Maduro ha dado algunos pasos más hacia delante. Sus dirigentes no hablan de una reflexión sobre el resultado electoral o de analizar cómo se pasaron al bando contrario 700.000 votos que se habían obtenido en octubre. Lo que se preguntan es cómo conseguir a esos traidores que abandonaron la causa del chavismo.
Esto ha dado pie a una cacería de brujas, cuyo único objetivo parece generar tal miedo en la ciudadanía que a nadie más se le ocurra cambiar su voto en una futura elección. Se olvidó ya la libertad que debería tener cualquier persona para decidir a quién apoyar, la transparencia y el secreto con la que este acto debería ser llevado a cabo: ahora sólo cabe la fidelidad a ciegas, la militancia obligada.
Además de conocerse miles de denuncias por parte de empleados públicos quienes dicen haber sido amenazados o incluso despedidos por presuntamente haber apoyado a Henrique Capriles, en los últimos días hemos escuchado y visto dos claros ejemplos, propios de una aberrante dictadura: el audio del director de deportes de la chavista gobernación del Zulia, en el que dice que serán despedidos muchos trabajadores por haber colaborado con el Comando de Capriles (enlace al audio: https://ovario2.com/este-es-el-director-de-deportes-del-zulia-botando-a-los-que-votaron-por-capriles/), y un video en el que se ve al Ministro de Vivienda, Ricardo Molina, decir que no le importan las leyes laborales, que él mismo despedirá a todo aquel que milite en partidos políticos opositores y que no aceptará críticas de los empleados del Ministerio hacia Maduro o la revolución (enlace al video: https://ovario2.com/ministro-ricardo-molina-se-dirige-a-trabajadores-opositores/).
Parece muy claro y preocupante que a este naciente gobierno no le interesa ganarse la mayoría de las voluntades ciudadanas, que se olvidó desde su primer día de respetar a la población y obtener de ella su preferencia. El camino del primer gobierno post-Chávez no es el electoral sino el represivo. Más allá de su autoritarismo, al fallecido Comandante siempre lo sostuvo una amplia mayoría electoral, indiscutible por su ventaja. A su sucesor, a una semana de llegar a la Presidencia ésta ya no le sirve, por lo que las arbitrariedades que heredó de su “padre” parecen ser la única vía para sostenerse. En el camino iremos viendo qué ocurre con las elecciones a otros cargos o las denuncias que se lleven ante otros poderes del Estado.
Mientras tanto la comunidad internacional es y será fundamental en Venezuela. Por ahora la amistad y afinidad de tantos mandatarios con el chavismo han dado un espaldarazo a Maduro. Le han acompañado en su juramentación y le han dado cierta legitimidad para arrancar su mandato. Sin embargo, fueron también fundamentales para que se alcanzara la declaración del Consejo Nacional Electoral sobre una auditoría a casi la mitad de las mesas electorales del pasado 14 de abril. Si ese proceso se obstaculiza, como a veces amenazan en hacer las directoras del ente comicial, la comunidad internacional volverá a levantar su voz.