Conflictove.org.ve
Washington, D.C., 11 de julio de 2013
Maina Kiai, Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de reunión y asociación pacífica
Frank La Rue, Relator Especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión
Juan Méndez, Relator Especial de la ONU sobre la cuestión de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
Miembros del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria
Gabriela Knaul, Relatora Especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados
Margaret Sekaggya, Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos
Naventhem Pillay, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos
De nuestra mayor consideración:
Me dirijo a usted con el propósito de instarle respetuosamente a que considere la posibilidad de emitir una declaración pública sobre los sucesos de violencia ocurridos en Venezuela con posterioridad a las elecciones. Human Rights Watch ha seguido atentamente la situación en el país desde las elecciones presidenciales del 14 de abril de 2013. Nos preocupa profundamente que las autoridades venezolanas estén utilizando investigaciones penales como una herramienta política para acusar a opositores, sin la debida justificación, de haber participado en delitos, y que a la vez no investiguen adecuadamente denuncias creíbles que se han formulado sobre graves violaciones de derechos humanos.
Como seguramente es de su conocimiento, el 13 de junio de 2013 el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Elías Jaua, se reunió con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) para aportar información sobre hechos de violencia que tuvieron lugar en Venezuela en el período posterior a las elecciones[1]. Jaua entregó a la OACDH una copia de un informe elaborado por la Defensoría del Pueblo, donde se indica que se produjeron seis manifestaciones “agresivas y violentas” luego de las elecciones, y que en el contexto de la violencia poselectoral fueron asesinados nueve partidarios del gobierno, 35 personas resultaron heridas y hubo ataques contra 15 establecimientos de salud, cinco sedes de partidos políticos y una sede de la Defensoría del Pueblo[2].
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