Por Gerardo Blyde
Nos estamos tragando la sentencia pero no por ello su contenido es constitucional…
El 14 de agosto de 2002, la Sala Plena del TSJ publicó la sentencia en la que señaló que la actuación de los militares involucrados en los hechos del 11 de abril no era delito. En su criterio, se había producido un “vacío de poder”.
Más allá de las consideraciones de fondo sobre el muy criticado contenido de aquella sentencia (críticas que realizamos públicamente cuando fue dictada por estar en desacuerdo con esos argumentos, pero guardando siempre el debido respeto a quienes la produjeron), vale hoy recordar cuál fue la conducta asumida por el propio Chávez.
“¡Es una plasta!”, expresó irritadísimo el Presidente, señalando que el Tribunal Supremo de Justicia estaba secuestrado y que esa sentencia había que “tragarla como un pez con espinas”.
“Pusieron la plasta y se fueron de vacaciones… No nos vamos a quedar con esa”, exclamó Chávez en un acto en El Valle. La calificó además de “grosera, un atropello” y como una “monstruosidad que ha manchado al poder judicial venezolano ante el mundo”.
Su dura crítica no se limitó a la sentencia. También arremetió contra de los magistrados firmantes: “Esos once magistrados no tienen moral para tomar ningún otro tipo de decisión, son unos inmorales y deberían publicar un libro con sus rostros para que el pueblo los conozca. Pusieron la plasta”.
No se quedó allí; de inmediato dijo que “… la Asamblea Nacional que los nombró tiene que asumir su tarea, para evaluarlos y el que no tenga los requisitos habrá que sacarlo de allí (del TSJ) por los procedimientos establecidos en la Constitución”. Rápidamente, el Parlamento cumplió la orden y nombró una comisión especial -nada imparcial- que tuvo como objetivo evaluar a los magistrados firmantes del fallo y omitir la evaluación de aquellos que salvaron su voto.
Pero se toparon con que los procedimientos constitucionales para “sacarlos de allí” -como había ordenado el Presidente- no daban para tanto. Entonces decidieron dictar una nueva Ley del Tribunal Supremo de Justicia con dos fines fundamentales: 1. Establecer un procedimiento expedito para “suspender” a los magistrados no afectos al gobierno y, 2. Aumentar el número de magistrados de 20 a 30, para colocar en minoría ante futuras decisiones a los no complacientes.
El proyecto de ley original tuvo que ser variado por la bancada oficialista para su segunda discusión, dada la obligación constitucional de abrir debate artículo por artículo. Fundieron hasta diez artículos en uno para disminuir las discusiones y aprobarla lo más rápido posible (lea el texto de esta ley y observará lo extenso de cada artículo). Aun así, la bancada opositora libró una dura batalla en cada discusión y así tardaron algunos meses para aprobarla. Finalmente lo lograron y comenzó la toma por parte del Poder Ejecutivo del Poder Judicial.
Ciertamente Chávez se tragó esa sentencia como un pez con espinas, pero no cesó hasta tomar el control mayoritario del TSJ y acabar con todo vestigio de independencia en él. Los últimos magistrados independientes que quedaban de aquellos nombramientos de 2000 -y que no pudieron ser “suspendidos” por el procedimiento creado por la ley del TSJ- fueron retirados al cumplir en sus cargos los doce años que la Constitución determina.
El 6 de diciembre del 2012, la Sala Constitucional sentenció que ese lapso constitucional venció y es “improrrogable”. Desechó así, en la motivación de esa sentencia, la tesis de la continuidad administrativa que alegó el magistrado que solicitó la interpretación constitucional. Determinó que cesaban en sus funciones y que no podían continuar. Las vacantes producidas por sus ausencias debían ser suplidas por magistrados suplentes hasta tanto la AN nombre nuevos magistrados principales para esos cargos.
Un mes después (09-01-2013), la misma Sala Constitucional acogió, per contra, la tesis de la continuidad administrativa para el presidente reelecto cuyo período venció el 10 de enero, deformando el régimen constitucional de ausencias temporales y creando en el país una inmensa polémica, solo por complacer a quienes tienen serios problemas políticos internos y están en las posiciones de poder. Quienes con legítimo derecho hemos criticado el fallo somos insultados y hasta calificados de golpistas. A nadie le he escuchado decir que los magistrados “son unos inmorales y deberían publicar un libro con sus rostros”, como sí lo hizo Chávez cuando estuvo en desacuerdo con una sentencia.
Nos estamos tragando la sentencia como un pez con espinas, y hasta con escamas. No por ello su contenido es constitucional, aunque formalmente sea vinculante.