Venezuela Awareness: Informe anual 2012 (Venezuela Awareness: Annual Report 2012)

vzla awarenes

Por Patricia Andrade

Venezuela Awareness Foundation presents its Annual Report on Human Rights Practices for political reasons in Venezuela, which runs from  January 1st to December 31ST, 2012. (second part)
Contact: Patricia Andrade

Miami, Febrero 28, 2013

A continuación, Venezuela Awareness Foundation presenta su informe annual sobre Prácticas de Derechos Humanos por Causas Políticas en Venezuela 2012, que comprende desde Enero 1 hasta Diciembre 31.

Sumario

Venezuela, que ha mantenido un deterioro cada vez mas profundo de las violaciones a los derechos humanos por causas políticas. En el año 2012 continuó registrando y ampliando a niveles críticos las persecuciones políticas que se han reflejado en diversas áreas de la vida diaria de los venezolanos. Profundiza esta situación, el retiro del Estado venezolano de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Dentro de esto podemos destacar:

El evidente el recrudecimiento al maltrato hacia los presos políticos que se refleja en pobres condiciones de reclusión, derecho a la salud, diferimientos de procesos judiciales, negar el derecho de gozar de las medidas sustitutivas de libertad,etc.

Continúa acentuandose la actuación de jueces y fiscales del Ministerio Público leales al proceso revolucionario en los casos políticos,eliminando cualquier garantía para un proceso judicial justo.

Las cifras de asesinatos esconden el sicariato político contra el ciudadano común que trabaja bajo perfil y que apoyan a candidatos opositores ó los que representan diferentes sectores de la sociedad.

Reanudación de la persecución a los trabajadores petroleros del paro cívico nacional del 2002.

Persecución, torturas y cárcel a quien sea testigo de delitos graves como el narcotráfico cometidos presumiblemente por funcionarios del gobierno venezolano.

Se incrementan los encarcelamientos ordenados por oficialistas por simple represalias y asuntos personales, sin que éstos tengan conexión alguna con el alto gobierno.

Sigue la práctica de la tortura física y psicológica en la sede de la División de Inteligencia Militar.

Se consuma la criminalización del ejercicio del abogado con el caso de José Amalio Graterol, abogado defensor de la presa política María Lourdes Afiuni.

Recrudece la persecución política contra dos grupos: los periodistas y los sindicalistas.

La conocida como Lista Tascón, que ha sido un arma de exclusión y persecución política, sigue activa.

La impunidad por actos contra los perseguidos políticos sigue siendo muy alta, las denuncias de las víctimas en muchos casos no son aceptadas por las instituciones ó las víctimas son amenazadas de no denunciar porque sufrirán represalias.

Continúa en alza los venezolanos que abandonan el país por ser víctimas de persecución política, o por temor a la falta de Estado de derecho que no les ofrece ningún tipo de garantía a sus derechos humanos y el goce de las libertades civiles.

Persecución contra los familiares de los perseguidos políticos que abandonan el país.

Se inició la preparación de listas de perseguidos que hasta ahora son decenas debido a la promulgación de la Ley Contra el Silencio y el Olvido.

I

Torturas

Continúa la práctica de la tortura practicada en la sede de la División de Inteligencia Militar (DIM). Estos actos inhumanos se efectúan en detenciones ilegales porque se sospecha que las víctimas han sido testigos de actos ilíticos cometidos por funcionarios o conocen de alguna información que pudiera comprometer al gobierno venezolano. Los actos de tortura cometidos durante interrogatorios ilegales, consistían en amenazas,golpes y asfixia mecánica.

Presos Políticos Venezolanos

La situación de los presos políticos continúa en deterioro. Existe un marcado interés del gobierno en mantener encarcelados a presos políticos que deben optar por beneficios de libertad. Otros permanecen encarcelados por largos períodos de tiempo sin que se efectúe la Audiencia Preliminar por constantes diferimientos. Mencionaremos el ejemplo del sindicalista Carlos Zorrilla, preso desde el 25 de Abril del 2011 en la Penitenciaría de Barinas. Desde entonces, Zorilla aún espera su Audiencia Preliminar y ha tenido aproximadamente 29 diferimientos.

Las condiciones de reclusión a los encarcelados en el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) se mantienen sin cambios: largos períodos de encierro sin acceso al sol, a areas con corrientes de aire como lo establecen las normas internacionales para personas recluídas bajo custodia del Estado, afectando negativamente la salud de los presos políticos, sumado a los largos períodos sin recibir atención médica especializada.

Por otro lado, los presos políticos recluídos en la cárcel militar de Ramo Verde, manifestaron mejoras en sus condiciones de reclusión, trato respetuoso, atención médica cuando es requerida, y salvo quejas aisladas por requisas, este centro cumple con los estandares internacionales.

A pesar que a mediados del 2012 el presidente Hugo Chávez mostró disposición de revisar la lista de los presos políticos, su posterior salida de Venezuela para tratarse problemas de salud interrumpió que esto se concretara porque quienes se encuentran a cargo, como es el Vice Presidente Nicolás Maduro, ha endurecido su posición contra los presos políticos manteníendolos encarcelados y negándoles su derecho a la libertad.

Presos Políticos del 2012

Capitán indígena Alexis Romero

Mostrándole una orden de aprehensión a traves de un blackberry, un grupo de militares detiene al Capitán indígena Alexis Romero el 20 de Enero y es encarcelado en la cárcel de la Pica por la investigación de los sucesos ocurridos en La Paragua, donde un grupo de militares desalojaron a 13 etnias indígenas y éstos respondieron a las agresiones y abusos retirándole sus armamentos. Los indígenas venezolanos han arrastrado abusos y promesas no incumplidas por parte del gobierno del Presidente Chávez que se mantienen hasta la fecha.
Romero fue liberado una semana despues bajo medidas cautelares.

Caso San Miguel y Gámez

Ana María Abreu de San Miguel fue detenida el 29 de Junio de 2012 y encarcelada en el SEBIN por presuntamente estar vinculada con la difusión de información reservada. Con ella, fue también detenido el Coronel de la Guardia Nacional José Gámez Bustamante el 31 de Julio y encarcelado en la cárcel militar de Ramo Verde por los supuestos delitos de Espionaje Informático y Asociación para delinquir.
Además, fue detenido un ciudadano haitiano el cual le fue otorgada su libertad y sobreseída su causa.
Abreu fue liberada por régimen de presentación el 15 de Agosto y el Juez otorgó a Gámez una Medida Cautelar Sustitutiva, casa por cárcel el 16 de Noviembre por su delicado estado de salud constantado por el médico forense.

Criminalización del ejercicio de la profesión de abogado: Caso Graterol

El 4 de Junio fue detenido en forma arbitraria el abogado José Amalio Graterol, abogado de la Juez y presa política María Lourdes Afiuni, mientras asistía a un proceso judicial en el Circuito Judicial Penal del Estado Vargas y se negó a realizar un juicio sin la presencia del imputado, invocando el Código Orgánico Procesal Penal que prohibe la realización de los juicios en ausencia de los imputados.

La Juez de la causa Yalitza Domínguez, violentando el debido proceso y los derechos del sometido a juicio, concluye ordenando la detención del abogado defensor José Amalio Graterol por obstrucción de justicia solo por haberse negado a realizar el juicio en ausencia.

Previamente a su entrada a la Sala de Juicio,Graterol fue advertido por personal del tribunal, que habían órdenes contra el para detenerlo por represalias a haber dado declaraciones fuertes sobre el Poder Judicial el día anterior en un programa de televisión y se intentaría cualquier excusa para encarcelarlo.

Durante su detención, la socia de Graterol y también defensora de la juez Afiuni, Thelma Fernández, fue sacada arbitrariamente de la Sala, maltratada y empujada al piso por un alguacil del tribunal.

Graterol fue encarcelado en el Retén de Macuto y obtuvo su libertad bajo fianza el 12 de Junio del 2012 y posteriormente condenado a pena máxima de 6 meses por parte del Juez Victor Yépez Pini.

Libertad de Presos que esperaban sus beneficios

Huelga de Hambre
Gustavo Arráiz

Como forma para reclamar sus beneficios procesales por haber cumplido casi la totalidad de su pena,Gustavo Arráiz inicia una huelga de hambre que finaliza unos días despues, cuando logra su libertad por régimen abierto el 6 de Junio de 2012. Arráiz había sido encarcelado en la DISIP desde el 28 de Febrero del 2006.

Esta organización insiste en la actitud mostrada por el el gobierno venezolano en mantener encarcelados por años a presos políticos inocentes de lo que se les acusa. Estos largos años donde ya han cumplido su tiempo de ley de estar en prisión, y pese a la insistencia de sus abogados defensores y diferentes manifestaciones públicas por parte de los venezolanos que reclaman la libertad de sus presos políticos, el gobierno chavista muestra su dureza la cual radicaliza para mantenerlos ilegítimamente encarcelados.

Un ejemplo de estos casos son los de los cinco Policías Metropolitanos del caso conocido como 11A, caso sobre los sucesos del 11 de Abril del 2002. Los Policías que permanecen ilegítimamente encarcelados desde el 21 de Abril del 2003 son: Erasmo Bolívar, Luis Molina, Arube Pérez, Héctor Rovaín y Marco Hurtado quienes tienen varios beneficios vencidos y no hay disposición del Ejecutivo en otorgarles la libertad. Insistimos que son 10 años encarcelados ilegítimamente y que se debe ordenar su libertad inmediata.

Ciudadanos venezolanos que son los 11 prisioneros políticos del Gobierno de Hugo Chávez hasta diciembre 31, 2012

2003

1.- Agente (PM) Erasmo Bolívar, retenido ilegalmente en Abril 21, 2003 (Carcel Militar de Ramo Verde).
2.- Dtgdo (PM) Luís Molina Cerrada, retenido ilegalmente en Abril 21, 2003 (Ramo Verde).
3.- C/1ro (PM) Arube Pérez Salazar, retenido ilegalmente en Abril 21, 2003 (Ramo Verde).
4.- Sub.Com. (PM) Marco Hurtado, retenido ilegalmente en Abril 21, 2003 (Ramo Verde).
5.- Insp. Jefe (PM) Héctor Rovain, retenido ilegalmente en Abril 21, 2003 (Ramo Verde).

2004

6.- Iván Simonovis, retenido ilegalmente en Noviembre 22, 2004 (SEBIN, antigua DISIP y trasladado a la cárcel militar de Ramo Verde en Febrero 21, 2012)

2009

7.-María Lourdes Afiuni Mora, retenida ilegalmente desde Diciembre 10, 2009     Otorgada medida de casa por cárcel Febrero 2, 2011

2010

8.- MT3 César Medina Gómez, retenido ilegalmente el 26 de Noviembre, 2010 (Policia de Charallave, Miranda).
2011

9.-Carlos Zorrilla, retenido ilegalmente el 25 de Abril del 2011 en la Penitenciaría de Barinas
10.-César Camejo Blanco, retenido ilegalmente el 23 de Enero, 2011 (SEBIN, antigua DISIP)

2012

11.-Mayor del Ejército (R) Milton Revilla Soto, retenido ilegalmente en la cárcel militar de Ramo Verde desde Febrero 15,2012

II

Renuncia del Estado venezolano a la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Raúl Díaz Peña, ex preso político venezolano actualmente asilado en los Estados Unidos por sufrir persecución política, un proceso judicial sin garantías, víctima de torturas, encarcelado en el SEBIN por 6 años en condiciones inhumanas de reclusión que impactaron su salud negativamente, y no recibir atención médica especializada en forma oportuna, cuyo caso llegó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la sentencia fue publicada en Julio del 2012 en la que fue condenado el Estado venezolano, fue rechazada por el presidente Hugo Chávez quien inmediatamente ordenó el retiro de Venezuela de esta Corte, privando a los venezolanos de acudir a instancias internacionales como lo consagra la Constitución venezolana.

Lejos de acoger los dictámenes de la Corte IDH, como por ejemplo, mejorar las condiciones de reclusión de los presos en el SEBIN donde estuvo encarcelado Díaz, y garantizar la atención médica oportuna a los ciudadanos bajo custodia, el gobierno venezolano encabezado por el presidente Hugo Chávez quien por semanas mantuvo públicamente su rechazo a la sentencia y seguido por miembros de su gabinete e instituciones que se suponen independientes como el Ministero Público, y el Tribunal Supremo de Justicia, mantuvieron la misma opinión del presidente, perdiendo en esta forma la oportunidad de corregir esta situación violatoria a los derechos humanos contra los presos políticos venezolanos.

III

Casos de Persecución Política durante el 2012

Ausencia de indendencia del Poder Judicial

La falta de independencia del Poder Judicial es cada vez mas crítica, no hay disimulo en la forma cómo el Poder Ejecutivo tiene total control de sus jueces y fiscales quienes siguen órdenes ó se ven obligados a apartarse de un caso por temor a represalias por el conocido “efecto Afiuni”.El Poder Judicial es el brazo del Ejecutivo para perseguir y encarcelar a sus adversarios o molestosos para la revolución bolivariana.

No hay independencia en las opiniones o decisiones emanadas de la Fiscal General Luisa Ortega Díaz ni de la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estela Morales, quienes se han apartado completamente de la Constitución y leyes, mostrando que éstas se encentran solo plasmadas en un papel para ser interpretadas de acuerdo al espíritu revolucionario.

1.-Trabajadores Petroleros del paro cívico del 2002

La Dirección Ejecutiva de Auditoría Fiscal de Petróleos de Venezuela inicia en el 2006 un Procedimiento Administrativo para la Determinación de Responsabilidades contenido en el Expediente Número DR-002-2008 que estuvo “congelado”hasta que fue reactivado en el 2012 por la averiguacion por posibles perdidas fiscales del 2003 de grupos que voluntariamente se unieron al paro cívico nacional que se inició el 2 de diciembre del 2002 y finalizó a comienzos del 2003, por lo que fueron injustamente despedidos aproximadamente 23 mil trabajadores petroleros.

Como se recordará, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) dictaminó a través del Comité de Libertad Sindical como del órgano de Administración de Justicia que el paro cívico fue producto del derecho a huelga por lo que la OIT no lo considera ilegal, pero el gobierno venezolano, haciendo caso omiso de este dictamen, continúa la persecución contra los trabajadores petroleros, y en este caso, contra 185 de los cuales 180 fueron condenados en este procedimiento, se establecieron responsabilidades como altas multas que de negarse al pago, llevaría a consecuencias como confiscación de bienes.

Es preocupante que esta causa administrativa se pueda unir al expediente principal abierto en el 2003, solicitando al Ministerio Público y formularse cargos que revisten carácer penal, siendo la forma de seguir atacando y persiguiendo a los trabajadores petroleros del año 2002.

2.-Lista Tascón

La discriminación laboral por no apoyar las políticas y candidatos del oficialismo a traves del voto que funciona a traves de la conocida como la Lista Tascón, se mantiene vigente en los puestos de trabajo dependientes del gobierno nacional, alcanzando a quienes inclusive intentan tener contratos con éste. Pese que el Presidente Chávez, el 25 de abril del 2005, durante un gabinete en Puerto Ordaz, estado Bolívar, anunció que la Lista Tascón fuese enterrada, ésta sigue estando mas vigente que nunca.

3.- Represalias y venganzas personales de oficialistas

Es notable el aumento de causas que, sin ser resonsabilidad del Ejecutivo, son ordenadas por oficialistas que no ocupan altos cargos, y, por situaciones personales y valiéndose de sus conexiones con jueces oficialistas, funcionarios policiales y del Ministerio Público, encarcelan a enemigos o personas que no son de su agrado por situaciones personales, venganzas o represalias. Aunque no son casos políticos, el Poder Judicial se sigue utilizando como arma para perseguir y encarcelar a sus opositores o enemigo.

4.-Sicariato Político

La lista de 20 mil asesinados anualmente por el hampa, esconde a las víctimas del sicariato político, asesinados que mueren por trabajar en la oposición bajo perfil, es el ciudadano común que realiza un trabajo en su área a favor de la oposición, de su comunidad, y que suman erróneamente en la lista de asesinados como víctimas del hampa, muertes que quedan en la completa impunidad.

5.-Grupos que sufren persecución: Sindicalistas y Periodistas

Durante el 2012, periodistas, reporteros gráficos y sindicalistas han sido víctima de persecución, acoso, procesos judiciales ilegales y sicariato.

Aproximadamente 1200 sindicalistas han sido sometidos a procesos judiciales y se mantienen bajo régimen de presentación, y 77 han sido víctimas de sicariato.

Los periodistas y reporteros gráficos, han sido agredidos por seguidores del oficialismo o milicias bolivarianas mientras se encuentran cubriendo informaciones, se les prohíbe el acceso a lugares por no ser prensa oficialista, han sido detenidos arbitrariamente por militares como la Guardia Nacional, intimidados por funcionarios de inteligencia durante trabajos de investigación y amenazados de ser pasados a órdenes de los tribunales, todo esto para coartar la libertad de expresión, el ejercicio libre del periodismo, la autocensura y en esta forma el oficialismo alcance el control de los medios de comunicación para que solo sea promovido el pensamiento único, el mensaje revolucionario.

6.-Persecuciones Políticas por la Ley Contra el Silencio y el Olvido

Bajo la promulgación de la Ley Contra el Silencio y el Olvido, la cual se limita a las víctimas entre 1958 y 1998, y solo refiriéndose a un sector, es decir, a los que formaban parte de grupos guerrilleros, comunistas, de izquieda o grupos ilegales armados que atentaban contra el gobierno democrático legalmente establecido y que se negaban a la política de pacificación de los jefes de Estado de esos años, ya inicia listas de cientos de funcionarios que para esos años trabajaron en labores de inteligencia, sea directa, indirectamente ó por trabajar en estas instituciones.

Esta ley establece dos tipos de víctimas, por lo que da un fuerte golpe para mantener impunes a las víctimas que no son de interés del gobierno revolucionario.

Estos perseguidos son ahora parte del Ejecutivo, por los que han ya sido detenidos, procesados o se manejan extraoficialmente en la lista de ser procesados bajo esta ley, no tienen garantías de ningún tipo de tener un proceso judicial justo.

Exilio político

Se continúa registrando un aumento de los venezolanos con rumbo al exilio que se contarían como miles anualmente,incluyendo la fuga de cerebros. Muchos de ellos con graves casos de persecución política y otros, al sentirse indefensos por la ausencia de un Estado de derecho que no les garantiza el goce de sus derechos civiles y el respeto a los derechos humanos.

Los familiares de los perseguidos políticos que permanecen en el país, son víctimas en muchos casos de represalias, y sufren agresiones y hostigamientos que los obligan a abandonar el país como forma de resguardar su integridad física y psicológica.
IV

Conclusión

Esta organización expresa su preocupación por el estado cada vez mas deteriorado de los derechos humanos en Venezuela que se encuentra gobernada y controlada a nivel nacional por militares, quienes, ante tanta impunidad ante los casos políticos, muestran radicalización a estas prácticas violatorias y dejándo al ciudadano común en completa indefensión a sus derechos que no son respetados ni reparados. No podemos decir que en el período que se comienza, pudieramos contar con una mejora o al menos actitud del gobierno revolucionario de trabajar para restaurar los derechos humanos, detener las persecuciones políticas, liberar a todos los presos políticos, y trabajar para que se reinstaure la independencia del Poder Judicial, por lo que hacemos un llamado a la comunidad internacional para que tome en sus agendas esta grave situación y pueda haber un llamado de atención ante tan grave deterioro de lo anteriormente descrito.

www.venezuelaawareness.com

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January 1ST to December 31ST, 2012.

Miami, February 28, 2013

Summary

Venezuela, which has maintained a deepening deterioration of the human rights violations for political causes; continued to record critical levels and expanding political persecutions in 2012, that have been reflected in many areas of the Venezuelan’s daily life.  This situation deepens, for the withdrawal of the Venezuelan State from the Inter-American Court of Human Rights.

Within this we can highlight:

1.       The apparent resurgence of political prisoners’ mistreatment is reflected in poor conditions of detention, the right to health, deferrals in judicial procedures, denying the right to enjoy the freedom of alternative measures, etc.

2.       The wrong doing of judges and public prosecutors loyal to the revolutionary process in political cases continues accentuating, eliminating any guarantee for a fair trial.

3.       Murders figures hide the political killings against ordinary citizens working under profile that support opposing candidates or those who represent different sectors of society.

4.       The resumption of persecution to oil workers’ that participated in the national civic strike of 2002.

5.       Persecution, torture and imprisonment of anyone who witnesses serious crimes such as drug trafficking presumably committed by Venezuelan officials.

6.       Increased detentions ordered by ruling parties for simple retaliation and personal affairs, without them having any connection with the top government.

7.       The practice of physical and psychological torture at the headquarters of the Military Intelligence Division continues.

8.       The criminalization of the attorney’s exercise with the case of Jose Amalio Graterol, defense lawyer of political prisoner Maria Lourdes Afiuni.

9.       Political persecution rage intensifies against two groups: journalists and trade unionists.

10.     The so-called Tascon List, which has been a weapon of exclusion and political persecution, is still active.

11.     Impunity for acts against political persecution remains very high, the complaints of the victims in many cases are not accepted by the institutions or the victims are threatened not to report because they will suffer reprisals.

12.     Venezuelans leaving the country increase for being victims of political persecution or fear for the lack of rule of law that does not provide any guarantee of their human rights and the enjoyment of civil liberties.

13.     Persecution against the families of political persecuted that abandon the country.

14.    Preparation of list of those persecuted, that are dozens as of know, for the promulgation of the Law against Silence and Oblivion.

I

Torture

The practice of torture at the headquarters of the Military Intelligence Division (MID) continues. These inhuman acts are performed in illegal detentions as it is suspected that the victims have witnessed unlawful acts committed by officials or know of any information that could compromise the Venezuelan government. Acts of torture committed during illegal interrogations, consisted of threats, beatings and mechanical asphyxia.

Venezuelan Political Prisoners

The situation of political prisoners continues to deteriorate. There is a strong government interest to continue the detention of those political prisoners who should be eligible for benefits of freedom. Others remain in prison for long periods of time without doing the preliminary Hearing for continuous delays. We’ll mention the example of trade unionist Carlos Zorrilla, jailed since April 25, 2011 at the Penitentiary of Barinas. Since then, Zorilla is still awaiting his preliminary hearing and has had about approximately 29 deferrals.

Prison conditions to those jailed at the Bolivarian Intelligence Service (SEBIN- Spanish acronym) remain unchanged: long periods of confinement without access to sunlight, access to drafty areas as established by international standards for people held in custody of the State, negatively affecting the health of political prisoners, added with long periods without receiving specialized medical care.

Moreover, political prisoners held in the Ramo Verde military prison, reported      improvements in their conditions of detention, respectful treatment, medical care when required, and exempting isolated complaints for requisitions, this center meets international standards.

Although in mid-2012, President Hugo Chavez expressed willingness to review the list of political prisoners, his posterior departure from Venezuela for subsequent health problems prevented this to materialize because those who are in charge, as is the Vice President Nicholas Maduro, has hardened his position against political prisoners keeping them imprisoned and denying their right to freedom.

Political Prisoners in 2012
 
Indigenous captain Alex Romero

Showing a warrant through a blackberry phone, a group of soldiers detained indigenous Captain Alex Romero on January 20 and is imprisoned in the jail of La Pica because of the investigation of the events occurred in La Paragua, where a group of military evicted 13 indigenous ethnic groups and they responded to the assaults and abuse for which their weaponry was withdrawn. The indigenous Venezuelans have dragged abuses and promises unfulfilled by the government of President Chavez and these remain up to date.

Romero was released a week later on precautionary measures.

San Miguel and Gámez’s case

Ana Maria Abreu of San Miguel was arrested on June 29, 2012 and imprisoned in SEBIN for allegedly being linked to the dissemination of confidential information. With her, was also arrested National Guard Colonel José Gámez Bustamante on July 31 and jailed in the Ramo Verde military prison for the alleged crimes of espionage and conspiracy.
Also, a Haitian citizen was arrested but was granted his freedom and his case dismissed.

Abreu was released by regime of presentation on August 15 and the judge granted an Alternative Precautionary measure to Gámez, house arrest for jail, on November 16 for his delicate health validated by the coroner.

Criminalization of the practice of the legal profession: Case Graterol

On June 4, it was arbitrarily detained lawyer Jose Amalio Graterol, lawyer of Judge Maria Lourdes Afiuni political prisoner. The lawyer was detained assisting a judicial process at the Criminal Judicial Circuit of the State of Vargas and refused to conduct the trial without the presence of the accused, invoking the Criminal Procedure Code which prohibits the conduct of trials in the absence of the accused.
The trial judge Yalitza Dominguez, violating the due process and rights of the accused   concluded by ordering the arrest of lawyer Jose Amalio Graterol for obstruction of justice only for refusing to conduct the trial in absentia.

Before entering the courtroom, Graterol was warned by court staff, that there were orders against him as retaliation for having given strong statements about the judiciary the day before in a television program and anything was to be used as an excuse to jail him.

During his detention, Graterol partner and also defense of Judge Afiuni, Thelma Fernandez, was taken arbitrarily out of the court room abused and pushed to the floor by a court bailiff.

Graterol was imprisoned at the Detention of Macuto and obtained his release on bail on June 12, 2012 and subsequently sentenced to the maximum penalty of six months by Judge Victor Yepez Pini.

Freedom of prisoners waiting for their benefits

Hunger Strike
Gustavo Arráiz

As a way to claim his procedural benefits for having fulfilled almost his entire penalty, Gustavo Arráiz started a hunger strike that ended a few days later, when he achieved his freedom by open regime on June 6, 2012. Arráiz had been imprisoned in the DISIP since February 28, 2006.

This organization emphasizes the attitude shown by the Venezuelan government for detaining political prisoners for years, innocent of what they were accused for. These long years where they have served their prison time provided by law and despite the insistence of their defense lawyers and various public demonstrations by the Venezuelans, who claim freedom of their political prisoners, the Chavez government shows its radical hardness to keep them unlawfully imprisoned.

Examples of this are the five Metropolitan Police of the case known as 11A, about the events of April 11, 2002. The cops who remain unlawfully incarcerated since April 21, 2003 are: Erasmo Bolívar, Luis Molina, Arube Perez, Hector Rovaín and Marco Hurtado who have several benefits due and no provision of the Executive in granting their freedom. We insist its being   10 years since their wrongfully imprisonment and their immediate release must be ordered.

Venezuelan citizens who are the 11 political prisoners of the  government of Hugo Chavez until December 31, 2012

2003

1. – Agent (MP) Erasmo Bolívar, illegally held on April 21, 2003 (Ramo Verde military prison).
2. – Dtgdo (MP) Luis Molina Cerrada, illegally held on April 21, 2003 (Ramo Verde).
3. – C/1ro (MP) Arube Pérez Salazar, illegally held on April 21, 2003 (Ramo Verde).
4. – Sub.Com. (MP) Marco Hurtado, illegally held in on April 21, 2003 (Ramo Verde).

2004

5. – Chief Insp. (PM) Héctor Rovaín, illegally held in on April 21, 2003 (Ramo Verde).
6. – Ivan Simonovis, illegally held on November 22, 2004   (SEBIN, former DISIP and taken to jail in Ramo Verde military jail on  February 21, 2012)

2009

7.-Maria Lourdes Afiuni Mora, illegally detained since December 10, 2009.
Granted measure of house arrest for jail as of February 2, 2011

2010

8. – MT3 César Medina Gómez, illegally held on November 26, 2010 (Charallave Police,  Miranda).

2011

9.-Carlos Zorrilla, illegally held on April 25, 2011 at the Penitentiary of Barinas
10.-César Camejo Blanco, illegally held on January 23, 2011   (SEBIN, former DISIP)
2012

11.-Army Mayor (R) Milton Revilla Soto, illegally held in Ramo Verde military prison since February 15, 2012

II
 

Venezuelan State Waive to Inter-American Court of Human Rights

Raúl Díaz Peña, former Venezuelan political prisoner currently in exile in the United States for political persecution, prosecution without warranties, tortured, imprisoned in SEBIN for 6 years in inhumane prison conditions that negatively impacted his health, for  receiving specialized care in a timely manner, whose case was taken before the Inter-American Court of Human Rights and the judgment was published in July 2012 in which the Venezuelan state was convicted, was rejected by President Hugo Chavez, who immediately ordered the withdrawal of Venezuela from this Court, depriving Venezuelans to go to international bodies as enshrined in the Constitution of Venezuela.

Far from welcoming the opinion of the Inter-American Court, for example, improve the conditions of detention of prisoners at the SEBIN where Diaz was incarcerated, and ensure timely medical care to citizens in custody; the Venezuelan government led by President Hugo Chavez, who for weeks kept publicly criticized the sentence and followed by members of his cabinet and institutions like the Public Ministry and the Supreme Court Of Justice  that are assumed to be independent, held the same opinion of the President, thus losing the opportunity to correct this violation of human rights against political prisoners in Venezuela.

III

Cases of political persecution in 2012
Absence of independence of the Judiciary

The lack of independence of the judiciary is increasingly critical, no pretense in how the executive branch has total control of its judges and prosecutors who follow orders or are forced to withdraw from a case for fear of reprisals by the known “Afiuni effect.” The Judicial power is the executive arm to prosecute and imprison its opponents or nuisances to the Bolivarian revolution.

There is no independence in the opinions or decisions of the Attorney General Luisa Ortega Diaz or the President of the Supreme Court of Justice, Luisa Estela Morales, who have departed completely from the Constitution and laws, showing that they are only embodied in a paper to be interpreted according to the revolutionary spirit.

1.-Oil Workers of the civic strike of 2002

The Tax Audit Executive Direction of Venezuela Oil started in 2006 an Administrative procedure for determination of liability in file number DR-002-2008 that was “frozen” until it was revived in 2012 by the investigation for possible fiscal losses of 2003 for groups who voluntarily joined the national strike that began on December 2, 2002 and ended in early 2003, so there were approximately 23,000 oil workers unfairly dismissed.

As you may recall, the International Labor Organization (ILO) ruled through the Syndicated Liberty Committee (CFA) as the organ of Administration of justice, that the civic strike was the result of the right to strike for what the ILO does not consider it illegal, but the government of Venezuelan ignoring this opinion, continues to persecute oil workers, and in this case, against 185 of which 180 were convicted in this procedure, responsibilities as high fines were established so refusing to pay would lead to consequences as confiscation of properties.

It is worrisome, that this administrative cause can be attached to the primary file opened in 2003, asking the Attorney General to devise disguise charges that look as criminal, being a way to keep attacking and chasing oil workers of 2002.

2.-Tascon List

Employment discrimination for not supporting policies and candidates of the ruling party thru voting, works through what is known as the Tascon List, which remains effective in the jobs dependent on the national government,  reaching also  those who have contracts with it . Despite that President Chavez, on April 25, 2005, during a cabinet in Puerto Ordaz, Bolivar state, announced that the Tascon list was buried, it remains more relevant than ever.

3. –   Retaliation and personal vendettas of supporters of the ruling party

It is notable the increase of causes that, without being responsibilities of the Executive, are ordered by supporters that do not have high positions, and using personal situations and using their connections with judges ruling, police and prosecutors, imprison enemies or people that are not of their liking for personal situations, revenge or retaliation. Although they are not political cases, the Judiciary is still used as a weapon to persecute and imprison their opponents or enemies.

4.-Political killings

The list of 20,000 killed annually by the mob, hides the victims of political killings, killed for working in low-profile opposition, is the ordinary citizen who performs work in their area in favor of the opposition, of their community, and mistakenly added in the list of killed as victims of crime, deaths that remain in complete impunity.

5.-Groups suffering persecution: Unionists and Journalists

During 2012, journalists, graphic reporters, and unionists have been victims of persecution, harassment, and illegal judicial procedures and victims of  killings.

Approximately 1,200 trade unionists have been subjected to legal proceedings and kept under presentation scheme, and 77 have been victims of killings.

Journalists and reporters have been attacked by supporters of the ruling or Bolivarian militias while they are covering information, are forbidden the access to places for not being official press, have been arbitrarily detained by military as the National Guard, intimidated by intelligence officials during research jobs and threatened to be passed to court orders, all to restrict freedom of speech, free exercise of journalism, self-censorship and in this way the ruling achieve the control the media so that only it promoted the unique thought, the revolutionary message.

6.- Political Persecution by the Law against Silence and Oblivion

Under the promulgation of the Law Against Silence and Oblivion, which is limited to victims between 1958 and 1998, and only referring to a sector, i.e. those who were part of guerrilla groups, communists, leftist or illegal armed groups that attempted against the legally established democratic government and refused to the peacekeeping policy of the heads of State of those years, hundreds of lists started of officials who worked for those years in intelligence work, either directly, indirectly or for working in these institutions.

This law establishes two types of victims, giving a blow to keep unpunished the victims that are not of the revolutionary government interest.

These persecuted are now part of the Executive, for those who have already been arrested, processed or handled informally in the list to be prosecuted under this law, no warranties of any kind to have a fair trial.

Political exile

The increase of Venezuelans en route to exile continues, to be counted as thousands annually, including the brain fugue. Many of them with serious cases of political persecution and other, feeling helpless by the absence of a rule of law that does not guarantee them the enjoyment of their civil rights and respect for human rights.

Relatives of victims of political persecution who remain in the country, are often victims of reprisal, and suffer attacks and harassment that force them to leave the country as a way to protect their physical and psychological integrity.

IV

Conclusion

This organization is concerned about the increasingly deteriorating state of human rights in Venezuela that is governed and controlled by national military, who, with so much impunity for political cases, show radicalization of these violation practices  leaving the common citizen completely defenseless as their rights are not respected nor repaired. We can not say that in the period that starts, we could have an improvement or at least attitude of the revolutionary government to work to restore human rights, stop political persecution, release all political prisoners, and work for the reinstatement of independence of the Judiciary, so we call on the international community to take on their agenda this serious situation and may have a wake before such a severe deterioration of the aforementioned.

www.venezuelaawareness.com

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